Opinión

Una lección histórica de la justicia contra la impunidad


Imelda Jacobo / 27 noviembre 2018 / 4:03 pm

*Guillermo Mejía

Recientemente, conocimos la condena de un militar guatemalteco a más de cinco mil años por un crimen colectivo ocurrido durante la guerra civil y, aunque resulta simbólica porque la pena máxima a cumplir es de 50 años en la nación centroamericana, hay que reconocer el hecho frente a la impunidad reinante en El Salvador.

El soldado Santos López Alonzo, de 66 años, quien fue miembro del batallón contrainsurgente kaibiles, participó en el asesinato de 171 civiles, entre hombres, mujeres y niños, en el poblado rural de Dos Erres, ocurrido el siete de diciembre de 1982. El militar fue condenado luego de ser deportado de Estados Unidos.

“Fue sentenciado a treinta años por crímenes contra la humanidad y treinta años adicionales por cada una de las 171 víctimas”, relató The New York Times, además de ser acusado de secuestro y de adoptar a un niño de cinco años, Ramiro Osorio Cristales, cuya familia fue asesinada en la masacre. Osorio Cristales testificó en el juicio del ahora condenado a 5 mil 160 años de cárcel.

Según los relatos, López Alonzo participó en el operativo en busca de guerrilleros, pero “cuando la patrulla fracasó en encontrar a la guerrilla o a las armas, sacaron a los pobladores de sus hogares y violaron a muchas niñas, de acuerdo con los fiscales. Para encubrir las violaciones, asesinaron a casi todas las personas que vivían ahí”, publicó el rotativo.

Por si fuera poco, la masacre sucedió durante el régimen del genocida general Efraín Ríos Montt, que gobernó Guatemala de facto durante uno de los períodos más sangrientos dentro de la guerra civil de 36 años que culminó con un Acuerdo de Paz, entre el gobierno de turno y la guerrilla, en 1996.

Durante el conflicto armado guatemalteco se estima que murieron al menos 200 mil personas, mientras unas 45 mil quedaron desparecidas. La mayoría a manos de los militares y en menor cuantía de la guerrilla.

En El Salvador, este tipo de hechos debe hacernos reflexionar de cara al futuro frente a las deudas con la justicia que no han sido saldadas luego de 26 años del fin del conflicto armado que dejó unos 75 mil muertos y unos 8 mil desaparecidos, más la actual vorágine de violencia que cuenta cuando menos 4 mil muertes anuales y también miles de desaparecidos.

Al contrario de ciertos hechos ilustrativos en Guatemala, como la condena del soldado López Alonzo, en El Salvador han sido más las maniobras a favor de la impunidad. Ejemplo ha sido el crimen de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras que, tras la derogatoria de la ley de amnistía, aún no se hace justicia.

Si bien el coronel Orlando Montano, quien fue extraditado de Estados Unidos hacia España para que responda por el crimen colectivo, en nuestro país solamente guarda prisión el coronel Guillermo Benavides y se llegó al extremo que durante el gobierno de Mauricio Funes, prófugo por delitos de corrupción y asilado en Nicaragua, escondieron en una guarnición militar a otros de los señalados en la masacre.

Es tan grave el caso de la impunidad en este país que en la actualidad de cara a la elección del nuevo fiscal general de la República, que iniciará su período en 2019, los partidos políticos, en especial Arena, Fmln y Gana, andan tras la búsqueda de un fiscal que les haga el favor de esconder las fechorías por las que algunos han sido señalados.

Y si pretenden que queden en la impunidad delitos como enriquecimiento ilícito, narcotráfico y lavado de activos, entre otros, ¿qué puede pasar con los crímenes de lesa humanidad arrastrados desde el conflicto armado e incluso muchos años antes de la guerra civil? Sépalo, los políticos salvadoreños sí le apuestan a la impunidad.

 

*Guillermo Mejía, periodista y profesor universitario.

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