Abogado del IDHUCA asegura que no existe impedimento legal para la reapertura del caso Jesuitas
La madrugada del 16 de noviembre 1989 un grupo aproximado de 30 de hombres pertenecientes al Batallón Atlacatl, asesinó a seis sacerdotes jesuitas, entre las cuales se encontraba al rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, el jesuita Ignacio Ellacuría, y dos de sus colaboradoras.
El 5 de febrero de 2016 fueron detenidos el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, por esta masacre.
De todos ellos solo guarda prisión Benavides, quien durante un juicio en 1992 fue condenado a 30 años de cárcel por la masacre de los sacerdotes, junto a Yusshy Mendoza, cuyo paradero se desconoce, aunque según la prensa local colabora como testigo de la Audiencia Nacional de España.
La Corte Suprema de Justicia salvadoreña actualmente estudia una solicitud de indulto de la defensa de Benavides y otra de conmutación de la pena presentada por la Compañía de Jesús, y en caso de dar su visto bueno el Congreso y el Ejecutivo tendrán que decidir finalmente.
A 29 años de la masacre de la UCA el crimen aún no se resuelve
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, en abril de este año, determinó que era procedente reabrir el caso ante la petición de la UCA. La reapertura la aceptó debido a la forma fraudulenta en la que se cerró el proceso. Los acusados fueron sobreseídos con el argumento de que el caso había caducado.
Sin embargo, una masacre como ésta, denominada de lesa humanidad, no prescribe, señala Arnau Baulenas abogado del IDHUCA, quien considera que no existe impedimento legal para que se reabra el caso.
La defensa apeló la decisión del juzgado, pero además solicitó apartar del caso a uno de los magistrados. El proceso sigue en la Cámara de lo Penal y mientras no haya resolución, no habrá juicio.
Caso en España
Otro proceso es el que lleva la audiencia nacional de España contra el coronel Montano como autor intelectual, quien en 1989 era el viceministro se Seguridad Pública en El Salvador. Montano fue extraditado de Estados Unidos a España y debe ser juzgado en ese país y no en El Salvador debido a que no puede haber una doble extradición, señaló el abogado del IDHUCA.
El 16 de noviembre de 1989 los seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos empleadas domésticas fueron ejecutados dentro del campus de la UCA. Los asesinos, miembros de la Fuerza Armada según el Informe de la Comisión de la Verdad, también saquearon el Centro Monseñor Romero. A 29 años, las autoridades de justicia del país tienen una deuda pendiente porque el caso sigue impune.